barrio flores

Los ciudadanos bolivianos residentes en el área metropolitana de Washington que suscriben el presente documento, conscientes de la magnitud de la crisis que estremece la sociedad boliviana, inseparables de su realidad, comprometidos en la búsqueda de soluciones y haciendo causa común con los valores en los que se sustentan la democracia, la paz, la justicia y el ejercicio plenos de los deberes y derechos ciudadanos y frente a la decisión del presidente Carlos Mesa de poner a consideración del H. Congreso Nacional la renuncia a su investidura constitucional como consecuencia de las presiones, las amenazas, los bloqueos y la consecuente inestabilidad, temor, incertidumbre y paralización del país consideran que:

Su renuncia, de haber sido aceptada, y la consecuente sucesión constitucional no hubiera garantizado, ni mucho menos, la solución de una vieja crisis estructural que requiere de alternativas audaces, con responsabilidad histórica y sentido de proporción dentro de la dinámica en la que se mueve el mundo y en un marco de absoluto acatamiento a lo que prescribe la Constitución Política del Estado, sus leyes y sus reglamentos.

Las demandas de los distintos sectores que conforman la sociedad boliviana son tan legítimas que nadie puede desconocerlas. Sin embargo los partidos políticos en función de gobierno, cuyo objetivo fundamental parecería haber sido mantenerse para luego perpetuarse cíclicamente en el poder, jamás han tenido la capacidad de atenderlas, generando como consecuencia una enorme brecha cargada de injusticia, marginalidad, desempleo, atraso y pobreza insoportables y una respuesta que se ha venido manifestando con una carga de intolerancia y violencia que al haber sobrepasado los límites de lo racional, ha colocado al país al borde de la desintegración.

Carreteras bloqueadas y destrozadas; productos alimenticios podridos; viajeros varados, cual secuestrados, agotado su dinero, sin que comer ni beber y a merced de la estulticia de los bloqueadores; marchas callejeras de todos los días; aeropuertos, instituciones, oficinas tomadas; la corrupción; la delincuencia organizada y la delincuencia que surge como instrumento de supervivencia entre quienes ya nada temen y delinquen para sobrevivir día tras día describen gráficamente una situación de proporciones más que dramáticas. Pérdidas y daños económicos de dimensiones catastróficas en el sector productivo, en el de servicios y ni qué decir de la destrucción sistemática del turismo como fuente generadora de recursos de alcances ilimitados.

El gobierno de Carlos Mesa estaba y está, una vez ratificado su mandato por el Congreso, en la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Nada más que la ley. El no haberlo hecho a su debido tiempo y circunstancia y con la toda la fuerza moral de un respaldo popular impresionante, ha erosionado todo principio de autoridad, ha radicalizado el accionar de los movimientos sociales y ha debilitado la posición del gobierno hasta extremos tremendamente peligrosos

La imagen de país bloqueado, inseguro que ofrece Bolivia al mundo entero debe revertirse. Es imperativo reflexionar sobre los tremendos males que causa este método de exigir del gobierno lo imposible para obtener lo máximo; de ofrecer el gobierno soluciones temporales que mantienen potencialmente activo el o los conflictos; de ceder y ceder en un círculo vicioso interminable, de negociar lo innegociable; de transar con los violadores del derecho ajeno quebrantando el espíritu de las leyes y debilitando sistemáticamente la facultad del Estado como ente regulador.

Bolivia no es una isla. Como cualquier otro país está obligada a ver la dinámica del mundo y sus alrededores con sentido de proporción, de negociar con quienes desee en condiciones de ecuanimidad y dentro de un marco jurídico confiable, seguro y recíprocamente favorable. Soberanamente y con dignidad. En ese espíritu y a pesar de sus complejidades debería considerarse la Ley de Hidrocarburos y otras que tengan que ver con los recursos naturales renovables y no renovables.

En lo interno, se debe preservar por sobre todo la integridad y la unidad del país, valores determinantes para construir una sociedad en la que todos, los collas, los cambas y los chapacos; los camba-collas y los colla-cambas; los colla-chapacos y los camba-chapacos; la multietnicidad en su conjunto y los extranjeros y sus descendientes quienes han hecho de Bolivia su segunda patria, asentados en los cuatro puntos cardinales de la geografía boliviana compartan por igual derechos y obligaciones en un Estado unitario o federal, con autonomías en sentido nacional, o sin ellas, en la perspectiva común de hacer de Bolivia un país serio, confiable y respetado en el mundo entero.

Una Asamblea Constituyente que sepa interpretar fielmente las necesidades estructurales del país y produzca un instrumento jurídico incluyente, participativo y concordante con los desafíos que la realidad exige.

Con la decisión del H. Congreso, se ha superado el momento difícil y se abre para el país una oportunidad histórica que no debe malversarse y esto debe dar lugar a una profunda reflexión. Que no sea tan solo una tregua sino un camino que conduzca a poner fin a la violencia, a la intolerancia y al odio. Proceder gobernantes y gobernados; oficialismo y oposición, actores sociales y pueblo en general, con gran sentido de responsabilidad, con desprendimiento y a la altura de los desafíos del presente y del futuro. Recoger las experiencias, aprender de ellas, enmendar los errores y construir mancomunadamente la sociedad que todos los bolivianos merecen ya que por encima de los intereses personales o de grupo, los de la sociedad en su conjunto están por delante.

El presidente Carlos Mesa ha salido fortalecido y merece todo el apoyo y la confianza para gobernar conforme lo manda la Constitución Política del Estado. Apoyo que en última instancia recaerá en el fortalecimiento de la democracia boliviana como instrumento de paz, desarrollo y justicia para todos.

Virginia, 8 de marzo de 2005